Nuevo taller de prótesis y órtesis en Santander

El pasado 10 de agosto fue inaugurado el Taller de Prótesis y Órtesis del Programa que fue financiado con dineros de la embajada de Japón y el departamento de Santander.

El pasado 10 de agosto fue inaugurado el Taller de Prótesis y Órtesis del Programa que fue financiado con dineros de la embajada de Japón y el departamento de Santander.

 

Santander con este proyecto aspira cambiar las dificultades físicas de la comunidad afectada por minas antipersonas.

Por Melissa García Neira

mgarcia16@unab.edu.co

En Colombia, tres personas son afectadas diariamente por las minas antipersonal. Para el primer trimestre del año, 156 víctimas fueron registradas por el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra las Minas (Paicma). De esta cifra en Bucaramanga han sido atendidas 40 personas en el Hospital Universitario de Santander (HUS) desde el 1 de enero hasta el 31 de junio del presente año. Cifra alta reconociendo que según el Ejercito Nacional, Antioquia, Nariño y Meta son los departamentos más afectados. Amparo Ayala, de la Subgerencia de Servicios Ambulatorios del HUS, explica que el 80% de estas víctimas son heridas en el Sur de Bolívar que se trasladan por falta de implementos para atenderlos en los centros de salud cercanos al accidente.

El pasado 10 de agosto fue inaugurado por el gobernador de Santander, el embajador de Japón y el gerente del HUS el Taller de Prótesis y Órtesis del Programa de Atención a Víctimas de las Minas Antipersonal. Éste cuenta con 10 modernas máquinas que permitirán la elaboración de piezas de prótesis (extensión artificial que remplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones) y órtesis (elementos que se insertan en los zapatos para corregir formas de caminar irregulares) y reconstrucciones físicas. Estos elementos son esenciales para el proceso de reintegración de las víctimas a la sociedad, pues ayudan a suplir en cierta medida las consecuencias del accidente.

En el Taller se atenderán todas las víctimas que sean posibles y que por cualquier razón hayan perdido alguno de sus miembros. “Estaremos ofreciendo atención integral, no sólo a las víctimas de la violencia en nuestro país, sino también a quienes han perdido alguno de sus miembros debido a alguna enfermedad o accidente. Ya tenemos 300 solicitudes y podemos prestar servicio a las ARS”, dijo Luis Alberto Hernández, gerente del HUS. El gobernador de Santander hizo énfasis en que tendrán las puertas abiertas para suplir las necesidades de todo el país. “Desde aquí se pretende brindar un buen servicio a todos los santandereanos, y mucho más allá de Santander a los compatriotas que viven en el Magdalena Medio, a los habitantes del Sur del Cesar, a personas que viven en Norte de Santander, en fin, es un hospital regional”.

El Taller fue construido con una inversión de 393 millones de pesos, de los cuales el 66% (263 millones) fueron aportados por la embajada de Japón. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del embajador Tatsumaro Terazawa, quien expresó su satisfacción por desarrollar proyectos en conjunto con Colombia y agregó que “estamos entregando nuevas instalaciones y equipos que mejorarán el proceso de rehabilitación y reintegración de las víctimas. Deseamos que en los años próximos las personas que habitan en las zonas de influencia se beneficien con esta ayuda y mejoren su calidad de vida”.

Esto ubica al Hospital Universitario como el único del centro oriente del país dotado para brindar una atención integral para la población sobreviviente de las minas antipersonal. La atención puede darse mediante diferentes especialidades y subespecialidades médicas en los servicios de consulta externa, servicios de fisioterapia y rehabilitación, urgencias, salas de cirugía, hospitalización, y el taller de prótesis y órtesis, donde se diseñan, elaboran, adaptan y entregan las ayudas requeridas por los pacientes.

Cómo acceder a la ayuda

Al ser afectado por una mina antipersonal la persona inmediatamente adquiere unos derechos estipulados en la ley 418 de 1997 con los que recibirá la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15 de la Constitución Nacional.

“Aproximadamente el 70% de las víctimas de las minas antipersonal no accede a los derechos otorgados por el Estado por desconocimiento de los mismos”, afirma Duyerney Pabón, asistente de comunicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

Por esta razón, muchas víctimas de la violencia en Colombia han dejado de recibir prótesis, si es el caso, o indemnizaciones ya sea por vencimiento de plazos o porque no se tramitó la solicitud.

Desde el momento en que ocurre el accidente comienza la denominada Ruta de Atención. La primera parte se divide en dos momentos: los primeros auxilios, que deben ser ofrecidos por la comunidad, y la evacuación hacia el centro de salud más cercano. El gasto de este desplazamiento no está estipulado en la ley y corre por cuenta de la víctima.

Cualquier hospital oficial o privado está en la obligación de atender a la víctima, si esto no ocurre la ley sancionará a la clínica y disciplinariamente a la persona que negó la ayuda. Cuando el centro de salud no cuenta con los elementos requeridos. Éste debe asumir la remisión del paciente a donde pueda ser atendido. La víctima no debe cancelar ningún costo adicional desde el ingreso al hospital, la cuenta del paciente se abre a nombre del Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, y son ellos quienes asumen el costo.

Para que la clínica proceda no es necesario presentar convenios o autorizaciones de la Entidad Promotora de Salud (EPS), ni cumplimiento de periodos de cotización, y tampoco se requiere la firma de pagarés o el pago de cuotas moderadoras. La atención o intervención quirúrgica, si se requiere, se debe brindar desde el momento en que se ingresa sin ninguna condición.

Para acceder a la asistencia humanitaria por heridas leves, se debe presentar junto con la fotocopia de la cédula o del registro civil (si es menor de edad), una certificación elaborada por el alcalde o por el personero donde se especifique el lugar en donde ocurrió el hecho y que estos ocurrieron por motivos ideológicos o políticos. Sin esta especificación en el certificado la víctima no podrá acceder a nada.

Cuando el trámite presenta algún tipo de ‘traba’ por parte de la administración, “nosotros, después de orientar a la persona, podemos intervenir con la Alcaldía que tendrá un plazo máximo de cinco días para expedir el certificado”, afirmó Dilmar Ortiz Joya, Defensor del Pueblo, Regional Santander. Agregó que “el problema es que al afectado muchas veces no le dicen a donde ir cuando está en problemas, por ejemplo, el personero está obligado a prestar la misma atención que nosotros con relación a este tema”.  

Ahora bien, las víctimas están respaldadas por el Estado y aunque todos los procesos burocráticos retrasen los resultados, las garantías para obtener la ayuda están consagradas en la ley. Si el desconocimiento continúa, se seguirán sumando nombres en las listas de los afectados por las minas antipersonal que no reciben indemnizaciones ni ningún tipo de respaldo.

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